La Justicia abre diligencias penales por la adjudicación de un contrato de À Punt de 1,3 millones a la empresa de un ex concejal del PSOE

La Justicia abre diligencias penales por la adjudicación de un contrato de À Punt de 1,3 millones a la empresa de un ex concejal del PSOE
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12-02-2019

Resulta “incomprensible” que una mercantil capacitada para ejecutar contratos millonarios tenga un volumen de negocio de 4.500 euros y se lleve un contrato de 1,3 MM

·      Se están realizando “a dedo” contrataciones menores de servicio por valor de 5.995 euros para evitar pedir tres ofertas y poder convertirlos después en personal laboral

·      La Sindicatura pone de relieve que se están produciendo de forma reiterada “contratos de personal directivo de À Punt de una forma totalmente arbitraria”

·      “Su irresponsabilidad, prepotencia y temeridad a la hora de comparecer en Les Corts es la que han aplicado a la forma de gestionar la radiotelevisión pública valenciana”

12, febrero 2019.- El Presidente del Grupo Parlamentario Popular, Jorge Bellver, ha explicado hoy que la Justicia ha abierto una investigación penal relacionada con la contratación de 1,3 millones de euros en contratos menores por parte de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, a la empresa de un ex concejal socialista sin “avales” y “sin haber acreditado su solvencia técnica ni económica”.

    Bellver ha señalado que la Sindicatura de Comptes han recogido prácticas “poco claras” en À Punt, prácticas que el PP lleva “denunciando desde que nació la sociedad, tanto en la contratación mercantil como en la contratación de personal”. Unas irregularidades que han llevado al PP a presentar una querella de prevaricación que ya ha sido aceptada a trámite.

    Así, la denuncia del PP “va dirigida a tres cuestiones fundamentales”, la primera de ellas tiene que ver con la forma de contratación que se está utilizando en A Punt para adjudicar ciertos proyectos, como el realizado por valor de 1,3 millones de euros “sin recurrir ningún tipo de aval y adelantando hasta 400.000€ sin que conste que se haya entregado ningún material y sin que la empresa pudiera demostrar su solvencia” ya que, todo apunta, a que no tenía actividad real. El PP tilda de “incomprensible” que una mercantil capacitada para ejecutar contratos millonarios tenga un volumen de negocio de 4.500 euros.

    “Difícilmente se puede entregar un material audiovisual cuando se firma un contrato como este hoy y mañana ya estás adelantando 400.000 euros, ha denunciado. Máxime, ha añadido, cuando la empresa es propiedad de un ex concejal socialista de Benifaió.

    El contrato se realiza sin procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva a una empresa que “no contaba con solvencia técnica ni económica para ejecutar el contrato, tal y como exige la ley de Contratos del Sector Público, un apartado que la CVMC no comprobó”. Por lo tanto, y “pese a la situación que ponía de manifiesto la incapacidad de la sociedad para ejecutar el contrato y la imposibilidad de acreditar la solvencia conforme a ley, la CVMC no solo lo suscribió, sino que dispuso cuanto pudo para salvar este inconveniente”.

     En segundo lugar ha destacado la utilización de los contratos menores de servicio para contratar personal, “contratos menores que el PP ya denunció porque, curiosamente, todos ellos son contratos menores de 5.995 euros y todos sabemos, y ellos también, que a partir de los 6.000 euros se requieren tres ofertas, algo que se ha intentado evitar”. Se trata de contratos menores “realizados a dedo” y suscritos con personas físicas a los que luego se les contrató como personal laboral.

    De esta forma, y con carácter previo a su contratación como personal laboral, se pagaron cantidades a modo de salarios pero “disfrazando estas prebendas dándoles apariencia de contrataciones para la prestación de servicios tan genéricos como la elaboración de informes”.

    En tercer lugar, ha explicado Bellver, el informe de la Sindicatura de Comptes pone de relieve que se están produciendo de forma reiterada “contratos de personal directivo de A Punt de una forma totalmente arbitraria”. “Una vez más comprobamos que quienes venían a levantar la gestión de nuestras sociedades públicas, no han hecho más que hundirla”.

     Bellver ha recordado que À Punt presentó hasta trece alegaciones al informe de fiscalización pero ninguna fue aceptada por la Sindicatura, lo que motivó que el PP pidiera la comparecencia del Presidente de la Corporación y la Directora de la Sociedad, para que “nos explicasen en comisión por qué la Sindicatura no acepta sus alegaciones y no responde a ninguna de las cuestiones planteadas”.

    Sin embargo, ha criticado, “utilizaron la misma fórmula a la que nos tienen acostumbrados, nos respondieron de forma irresponsable, prepotente y temeraria. No hicieron caso a ninguna de las peticiones hechas por el PP y ni siquiera respondieron a ninguna de nuestras preguntas”.

     “Esa irresponsabilidad, prepotencia y temeridad a la hora de comparecer en Les Corts es la que, desgraciadamente, parece que han aplicado a la forma de gestionar la radiotelevisión pública valenciana”, ha señalado al tiempo que ha indicado que al final “se comprueba que quiénes hipotéticamente venían a recuperar la reputación de nuestras sociedades mercantiles públicas no están capacitados ni profesional ni éticamente para hacerlo”.

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