El GPP pide a Corts y Consell que respalden la “prisión permanente revisable”

El GPP pide a Corts y Consell que respalden la “prisión permanente revisable”
Icono fecha
13-01-2018

  • Pide, además, impulsar medidas que profundicen en el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad.
  • “Es necesario perfeccionar el sistema de manera que, respetando los principios constitucionales del penado, sean justas respecto del daño causado a las víctimas”
  • El PP propone garantizar que los crímenes de máxima gravedad y los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, tengan “un reflejo legal en la determinación de las penas” y en los “beneficios penitenciarios”

 

12 enero 2018.-. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ya en Les Corts una iniciativa para que el Consell inste al Gobierno de España a mantener, no derogar, y en su caso reinstaurar, la denominada prisión permanente revisable como la pena máxima del Código Penal español respecto a delitos de extrema gravedad para penados con pronóstico desfavorable (bajo revisión periódica) de reinserción social.

 

   Así lo ha explicado hoy la portavoz de Justicia del GPP, María José Ferrer-San Segundo, quien ha explicado que se trata de una propuesta que está recogida en otros ordenamientos de nuestro entorno, en los términos avalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en que pueda pronunciarse nuestro Tribunal Constitucional, que se admite siempre que, como en el caso español, sea “revisable”.

 

   Ferrer San-Segundo ha explicado que esta pena se introdujo por el Partido Popular en 2015, para graves delitos como “asesinatos especialmente lacerantes, genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismo, magnicidios y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con agravante cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable”. Y lamenta que el PSOE, Podemos, Compromis y grupos nacionalistas como ERC o Bildu, con la abstención activa de Ciudadanos, quieran derogarla “de plano y en caliente”, recordando que son estos grupos, y no el PP, quienes han abierto el debate, “no para hacer propuestas de mejora o remedios complementarios, sino para liquidar el sistema legal vigente.”

 

”Teniendo en cuenta -ha proseguido la portavoz de Justicia- que estas previsiones legales vienen, por lo demás, alineadas con la demanda social, y no solo -aunque también- de asociaciones de víctimas y familiares,” ha censurado que “resulta incoherente que en un momento en que se reitera que hay que escuchar a la calle, se descalifique en este tema la posición de una buena parte de la sociedad, tachándola de inmadura, vengativa, infundada, o sin capacidad para discernir.” Porque “no se puede hacer oídos sordos a ese dolor y reclamaciones, que vienen también de la sociedad y los ciudadanos, a quienes continuamente se exige escuchar al legislar” - ha enfatizado Ferrer San Segundo, recordando que esta máxima pena “es excepcional, por lo que solo se ha impuesto hasta ahora en un caso: el de un padre que asesinó salvajemente a sus dos hijos menores con una sierra radial.”

 

   Además,  el GPP pide en su propuesta el impulso de la mejora de la legislación penal y penitenciaria, profundizando en medidas sobre el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad.

 

   La PNL presentada por Ferrer San-Segundo, declara que “es necesario perfeccionar el sistema de manera que, respetando los principios constitucionales del penado, sean justas respecto del daño causado a las víctimas, además de garantes para la seguridad de la sociedad, a fin de evitar reincidencias previsibles lesivas para el bien común jurídicamente protegible.”

 

   Para ello, el PPCV propone una batería de medidas que no se limitan a la cuestión de la pena, como medios técnicos, materiales y humanos para profundizar en los mecanismos de evaluación de riesgos, reportando garantías procesales a los condenadas para protegerlos contra decisiones arbitrarias y dar al tiempo seguridad jurídica a la sociedad; intensificar los cursos y actividades de resocialización, reeducación y reinserción del penado; o perfeccionar los métodos de valoración por el juez en cada caso concreto respecto a los efectos de la excarcelación.

 

   Además, propone mejorar la colaboración de expertos técnicos; formación tendente a la máxima cualificación del profesional especializado, tanto en la reeducación como en cuanto a la evaluación del riesgo, para la realización de informes o dictámenes individualizados favorables o desfavorables sobre reinserción; medios para poder determinar con precisión la desvinculación del penado del entorno ilegal en lo exterior, y su preparación interna para volver a sociedad sin riesgo de daño previsible y, por tanto, evitable; aumentando las dotaciones para todo ello.

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